Hoy entra en vigor la polémica Ley Sinde, la regulación antipiratería
que el Gobierno del PP aprobó nada más llegar al poder y sin la cual las
industrias culturales españolas creen que difícilmente soportarán la
crisis. Pero el mismo día que empieza sus trabajos la ya famosa Sala
Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no parece que vaya a
recibir una avalancha de denuncias.
Según supo ABC, la SGAE no presentará denuncia alguna de momento, harta
de soportar el desgaste de imagen que se ganó a pulso en los años de
lucha recaudatoria sin cuartel. Prefieren tomarlo con más calma y dejar a
otra entidad el liderazgo, mientras se concentran en su proceso de
renovación.
Egeda y Cedro, entidades de productores y escritores, no están
dispuestas a asumir ese papel con entusiasmo. Tienen planes, pero no
prisa. Así que las primeras denuncias empezarán a caer en los buzones
telemáticos de la Comisión el próximo lunes, como mucho. Cedro tiene en
la recámara las diez primeras denuncias. Egeda no dice cuántas y
recuerda que no son denuncias, sino solicitudes de salvaguarda de
derechos. Hay un beatífico optimismo ante la entrada en vigor de la Ley.
En 20 días cierran una web
Pero ya es imparable. El proceso que se pone en marcha permite cerrar
una web con material infractor de los derechos de propiedad intelectual
en 20 días y durante un año. Aunque la Asociación de Internautas ha
recurrido la norma ante el supremo, lo que se establece es un sistema
mixto administrativo-judicial que no opera contra los usuarios de
internet, sino contra las páginas que vulneren la propiedad intelectual
con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio de
los dueños de sus derechos. Dados esos motivos, la denuncia tiene que
venir a instancia de parte, y el juez interviene en dos ocasiones:
previamente a la identificación del responsable y a la hora de ejecutar
la resolución de cierre de la página web, en su caso. A los reincidentes
les caerá más veloz el peso de la justicia, porque el procedimiento
contra ellos será abreviado.
Todo el funcionamiento de la Comisión será telemático, como corresponde,
y la identidad de los miembros que tendrán tan polémoca responsabilidad
será dada a conocer, aunque más adelante. Serán funcionarios de
Cultura, Industria, Presidencia y Economía. El cierre de las páginas
infractoras será por un año, aunque una vez eliminado el contenido
infractor, la sanción será levantada. Después, siempre cabrá recurso a
la justicia ordinaria.
Y finalmente todos confían en el efecto disuasorio, que ya ha provocado
cambios en algunas páginas web, que retiran a toda prisa el contenido o
los enlaces dudosos. Esta normativa fue presentada en noviembre de 2009
por el PSOE, pero Zapatero no fue capaz de aprobar su reglamento en su
última etapa.
Para una amiga de Twitter: Debora Brizzio
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION
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